Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader promulgó este miércoles la Ley 25-26, que crea el sistema nacional «Alertas RD», una herramienta destinada a agilizar la búsqueda y localización de personas desaparecidas mediante la difusión masiva e inmediata de información en todo el territorio nacional.
La normativa establece un mecanismo de respuesta coordinada entre las autoridades y diversas instituciones públicas y privadas, con el propósito de actuar con rapidez ante denuncias de desaparición y situaciones de peligro inminente.
La ley dispone que la Policía Nacional y el Ministerio Público deberán activar conjuntamente una alerta en un plazo no mayor de 24 horas después de recibir el reporte correspondiente, ya sea de manera presencial o telefónica.
El sistema contempla cuatro tipos de alertas, según las características de la persona desaparecida. La Alerta Amber será utilizada en casos de niños, niñas y adolescentes; la Silver para adultos mayores de 65 años; la Azul para personas con discapacidad física o mental; y la Rosa para mujeres desaparecidas en contextos de violencia de género o trata de personas.
Las alertas tendrán una vigencia inicial de cinco días, prorrogables mientras continúe la búsqueda, y serán difundidas a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, terminales de transporte y boletines policiales.
La legislación también crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos administrada por la Policía Nacional que concentrará información sobre los casos reportados y permitirá la coordinación entre las instituciones involucradas.
Asimismo, dispone la creación del Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito al Ministerio de Interior y Policía, integrado por representantes de distintas entidades estatales vinculadas a la seguridad, justicia, protección social y atención de emergencias.
La ley establece sanciones para los funcionarios que omitan informar sobre desapariciones o que obstaculicen la aplicación de los protocolos establecidos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse.
Con la promulgación de la Ley 25-26, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante los casos de desaparición y mejorar los mecanismos de protección de la población.
